¿Se imaginan que sus posibilidades de ser atendidos en un centro de salud dependieran de una tarjeta de cartón rojo que pocos funcionarios reconocen como un documento identificativo? Esta es una situación habitual a la que se enfrentan actualmente miles de refugiados en España. Para resolver este tipo de situaciones, las herramientas tecnológicas empiezan a aparecer como una oportunidad para aportar soluciones inéditas a problemas que hasta hace poco tenían compleja resolución.
La materia prima para el funcionamiento de estas herramientas tecnológicas son los datos. Como apunta John Naughton en The Guardian “los datos son vidas de personas” y por ello, al hablar de datos, resulta fundamental tener en cuenta la privacidad, es decir, el derecho a elegir y controlar la información sobre uno mismo.
El derecho a la privacidad o a la intimidad está directamente vinculado con la autonomía personal o la capacidad de tomar decisiones y actuar de la manera que uno elija, libre de coacciones. Esto resulta especialmente importante cuando hablamos de personas en situación especialmente vulnerable, como es el caso de los individuos en procesos de trata o explotación, que son el objetivo principal del proyecto Data culture in Human Trafficking que hemos desarrollado a lo largo de los dos últimos años investigadores, alumnos y expertos del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas y UNICEF Comité Español.
El proyecto está financiado por una fundación filantrópica del sector empresarial cuya actividad se centra en la búsqueda de soluciones a importantes problemas sociales, enfocándose especialmente en los grupos más vulnerables. En nuestro caso, la hipótesis de partida era que disponer de datos más representativos, de mayor calidad y mejor organizados ayudaría a la toma de decisiones más idóneas en la lucha contra el fenómeno, y de manera más concreta influiría en la identificación y asistencia de las personas atrapadas en estas situaciones.
En su papel de financiadores, a fin de obtener resultados significativos y que nuestro trabajo tuviera un impacto en la realidad que pretende incidir, la fundación nos ha acompañado en un proceso que ha sido minucioso, reflexivo, en el que se ha involucrado a agentes con muy distintos roles en la protección de las personas en procesos de trata y explotación -tales como ONGs, policía, fiscalía, inspección de trabajo o protección de menores- y que ha sido sobre todo muy creativo.
Una de las iniciativas que se han desarrollado en este proyecto ha sido el diseño de una carpeta digital con tecnología blockchain para las personas en procesos de trata y explotación donde éstas pudieran reunir datos relevantes para su protección y seguimiento. Además, el uso de esta herramienta digital supondría la puesta en marcha de un entorno de interoperabilidad capaz de garantizar el intercambio de datos de confianza de forma segura entre los distintos agentes que intervienen en estos procesos, que en la actualidad están marcados por la falta de certeza acerca de la autenticidad de los documentos que se presentan, la ausencia de cauces seguros para el intercambio de datos y la reticencia de algunos de los agentes a compartir de manera efectiva información.
La idea es crear un ecosistema más amable, seguro y flexible dentro del entorno burocrático en el que se mueven habitualmente estas personas, extranjeras en su mayoría, caracterizado por la arbitrariedad -como que el abrir una cuenta de banco con la tarjeta roja, que es el documento que te identifica como solicitante de asilo, venga determinado por la sucursal bancaria a la que acudas- y las situaciones de discriminación, como no disponer del resultado de las pruebas de ADN que justifican la filiación de los hijos.
Además, el objetivo de esta herramienta digital era sustituir la carpeta con fundas de plástico que es el instrumento de organización más habitual para almacenar y portar toda clase de documentos que acreditan su identidad y situación. Esta herramienta, casi de material escolar, es en la que descansa por lo general su proyecto vital y garantiza su acceso a derechos básicos como acudir a un centro de salud, ser tenido en cuenta por los servicios sociales, o tramitar el ingreso mínimo vital.
No se trata, por tanto, de encontrar un instrumento para resolver los problemas y desafíos que plantean la protección y seguimiento de las personas en procesos de trata y explotación, sino como apunta Marta Peirano, de diseñar en comunidad una herramienta para ayudar a estas personas a gestionar este proceso cuyo objetivo último es retomar el control de sus vidas. Con este fin llevamos trabajando algo más de un año en colaboración con los profesionales de entidades y de las administraciones que habitualmente trabajan con estas personas. El objetivo de esta labor conjunta era determinar la documentación y casos de usos más comunes para poder transformar las necesidades identificadas en requisitos técnicos.
El resultado hasta la fecha – ahora vamos a comenzar el testeo con los expertos y potenciales usuarios de la aplicación- ha sido el diseño junto a una empresa tecnológica especializada de una plataforma descentralizada con tecnología Blockchain y una aplicación de wallet para el móvil donde cada persona pueda guardar información relacionada con su identificación -una fotografía, una partida de nacimiento, un pasaporte o un certificado de empadronamiento- verificados y enviados al dueño de la wallet por parte de las instituciones que hayan aceptado formar parte de esta red de confianza mutua.
Para poder acceder a estos documentos y operar con ellos en su día a día, el usuario cuenta con una identidad digital en el entorno virtual . La cadena de bloques nos pareció la mejor manera de garantizar a las personas que hagan uso de esta herramienta el mayor nivel de control sobre sus datos y su propia identidad digital de forma auto gestionada y sin necesidad de recurrir a autoridades centralizadas.
Pese a las dudas que nos suscitaba utilizar una tecnología tan poco madura como Blockchain, la descentralización completa que facilita parece una buena solución para escenarios como el de la protección de las personas en procesos de trata en la que la desconfianza entre actores es significativa y donde, sin embargo, se necesita un acceso compartido e inmediato a la información.
Además, la Comisión Europea cuenta ya con la European Blockchain Services Infrastructure (EBSI), una red propia y común a todos los Estados miembros para la puesta en marcha de la administración pública europea sin fronteras . En nuestro caso, la prueba de concepto que permita experimentar con el proyecto piloto se va a llevar a cabo desde la plataforma de la red Alastria.
Ensayar con agentes reales y casos que simulen las experiencias a las que las personas en situación de trata o explotación se enfrentan en su día a día, nos ayudará a determinar la viabilidad y utilidad del proyecto. Sin embargo, como indica Gemma Galdon, “el sector tecnológico necesita ayuda externa para servir a la humanidad” y sopesar los beneficios y riesgos de las herramientas tecnológicas ideadas. El trabajo de la red Alastria para establecer estándares y el desarrollo jurídico del Blockchain, va precisamente en este sentido. En este contexto, el desafío es que el ecosistema tecnológico tenga en cuenta estas vulnerabilidades, el de nuestra propuesta es demostrar el potencial de la tecnología para empoderar a estas personas. La innovación radica en buena medida en devolverles el control sobre sus datos e identidad.
